LUNES, 17 DE JUNIO DE 2019 





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AGOSTO 1991

ENGLISH ABSTRACTS INSIDE ISSN 0213-8646

Editorial

Por fin, el pasado 29 de abril el Consejo de Universidades se dignó dar luz verde a los nuevos planes de estudio de formación del profesorado. Como era de esperar, dada la desunión y desorganización del profesorado de las áreas de conocimiento más directamente implicadas en el tema (las de Psicología, Pedagogía y Didácticas Especiales), no se ha logrado ninguna de las aspiraciones que tantas veces hemos defendido desde esta revista: grado de licenciado para todos los profesores, creación de una licenciatura de profesorado con distintas especialidades, unificación de la formación de los profesores de primaria con los de secundaria, creación de licenciatura de Educación Social, creación de la licenciatura en Logopedia, etc, etc.

Pero en fin, los hechos son los hechos y no hay más remedio que aceptarlos (entre otras razones porque así nos lo impone la legislación). Por ello, pensando en facilitar la segunda y más dura batalla que se nos viene encima (la elaboración de los planes de estudio en cada Universidad), en el próximo número analizaremos ampliamente el documento evacuado por el Consejo de Universidades y publicaremos una serie de alternativas institucionales elaboradas por distintas Universidades. En este número, aunque solo sirva para aprender de nuestros propios errores, únicamente vamos a realizar un "examen de conciencia" de nuestra actuación durante el tiempo en que hemos tenido ocasión de ser escuchados por los ponentes del Consejo de Universidades.

En primer lugar, resulta bochornoso comprobar cómo los distintos grupos de profesores de cada una de las obsoletas áreas de conocimiento aprobadas en 1984 por el Consejo de Universidades, se iban reuniendo de forma partidista e interesada, como lo demuestra el análisis de las enmiendas que cada grupo ha propuesto. Siempre pensando en sus intereses particulares y olvidándose de las necesidades reales de la sociedad española en lo que respecta a la creación de nuevas titulaciones y en relación con los planes de estudio.

En segundo lugar, parece increíble que no haya sido posible llevar a cabo una asamblea de representantes de todas las áreas de conocimiento implicadas, en lugar de reunirse por separado. Es más, curiosamente, cuando parecía que esa unidad podía lograrse, al menos entre los pedagogos, por el hecho de haber tomado la iniciativa una conferencia de decanos de las Facultades de Ciencias de la Educación, resultó posteriormente que, al pertenecer la mayoría de ellos al área de Teoría e Historia de la Educación, lo único que hicieron fue intentar llevarse el agua a su molino particular, proponiendo titulaciones directamente dependientes de ese área e intentando incluir materias de Teoría e Historia de la Educación a raudales.

Y no digamos nada de la actitud de un pequeño colectivo de profesores de Educación Especial de Facultades de Ciencias de la Educación. Este grupo, no sólo hizo lo que los demás (es decir, reunirse por separado e intentar hipertrofiar las disciplinas que le interesaban), sino que, por si fuera poco, ni siquiera invitaron a sus reuniones a los colegas de Educación Especial de las Escuelas de Magisterio. Más aún: se atrevieron a hablar en nombre de todos los profesores de Educación Especial de la Universidad española ante las autoridades del Ministerio de Educación.

Pero aún mucho más lamentable fue la actitud de los Colegios Profesionales de Psicólogos que no sólo no se dignaron reunirse conjuntamente con los Pedagogos, para tratar de unificar criterios relativos a la nueva licenciatura de Psico-Pedagogía, sino que acabaron poniendo anuncios en ciertos medios de comunicación para intentar echar abajo una titulación que se estaba necesitando en este país desde hacía muchos años, tal y como lo demuestra la práctica profesional diaria de los múltiples equipos psicopedagógicos.

Y por si todo ese galimatías de intereses particulares enfrentados no fuera suficiente, las Escuelas Universitarias de Magisterio, con sus directores al frente, quedaron fuera de juego ante el desconcierto que produjo el contenido de esa extraña disposición adicional de la LOGSE, que permite la transformación de las actuales Escuelas en Centros Superiores de Formación del Profesorado, sin antes haber definido claramente la naturaleza de esos hipotéticos y fantasmales centros, como asimismo sus funciones y ámbitos de competencias en los distintos niveles y tipos de formación inicial y permanente del profesorado.

En resumen, desgraciadamente parece como si todos estuviéramos esquizofrénicos, lo cual tampoco sería algo anormal, dada la pasividad y las contradicciones del gobierno socialista en un tema que debía haberse resuelto definitivamente a lo largo del año 1983, en lugar de haber esperado ocho años, para ahora intentar sembrar la confusión más absoluta en la sociedad española.

Evidentemente, ante una situación tan caótica (probablemente premeditadamente planificada por el actual gobierno), lo lógico hubiera sido no entrar en el juego del envío de enmiendas partidistas y contradictorias entre sí, como ha ocurrido, sino más bien haber exigido al gobierno una mayor clarificación en los planteamientos y unas reglas del juego mucho más limpias y democráticas, llegando incluso a tomar medidas de fuerza (cierres de centros, huelgas, etc., etc.) para evitar que hubiera ocurrido lo que ha ocurrido.

Pero para haber llevado las batallas por otros derroteros se hubiera necesitado contar con organizaciones sólidas, de las que carecemos los profesionales que estamos directamente vinculados a la formación del profesorado.

Precisamente ese era uno de los objetivos de la Asociación Universitaria de Formación del Profesorado. Sin embargo, bien porque muy pocos la consideramos conveniente y necesaria, bien porque el equipo fundador no hemos sabido darle vida, lo cierto es que tampoco esta Asociación ha podido ser el nexo de unión de todos.

En resumen, a lo mejor lo más sensato es que terminemos este editorial entonando nosotros un mea culpa por no haber sabido encauzar ese movimientos generalizado de protesta que surgió nada más conocerse el impresentable borrador que dejó caer el Consejo de Universidades allá por el mes de febrero.


EL CONSEJO DE REDACCIÓN