LUNES, 26 DE AGOSTO DE 2019 





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ABRIL 1994

ENGLISH ABSTRACTS INSIDE ISSN 0213-8646

Editorial

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LA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA
Esbozo de un plan de acción para corregir un grave error

Afirmar que toda profesora o profesor debe ser un buen pedagogo es algo de sentido común. En consecuencia se debería exigir a todo el profesorado de, al menos, la enseñanza primaria y la secundaria que tenga la licenciatura en Pedagogía.

Alguien podrá decir que se puede ser un buen pedagogo sin necesidad de poseer el título de licenciado en Pedagogía, lo cual tiene bastante fundamento. Sin embargo, también se puede ser un buen abogado, o un buen periodista, o un excelente economista, por citar sólo unas pocas profesiones con bastante predicamento social, pero en todas ellas se exige tener las correspondientes licenciaturas para poder ejercer la profesión e incuso en algunas de ellas se exige, además, estar colegiado. ¿Por qué, entonces, no se exige poseer la licenciatura en Pedagogía a todos los profesores?

Es evidente que no puede aceptarse que un profesor de matemáticas, de historia, o de cualquier otra disciplina, pueda ejercer dignamente su profesión con sólo disponer de la licenciatura en Pedagogía, sino que previamente debe conocer profundamente el corpus científico de la o de las disciplinas para las que ha optado impartir docencia. Por ello, lo correcto sería exigir a todo el profesorado no universitario que primeramente estuviera en posesión de la correspondiente diplomatura o licenciatura científica y posteriormente, si desea dedicarse a la docencia, que cursara los oportunos estudios para alcanzar la licenciatura en Pedagogía.

Ni que decir tiene que la propuesta que acabamos de explicitar resulta imposible ponerla en práctica si no se modifica la legislación vigente en relación a la exigencia de titulaciones para ejercer la docencia no universitaria y si, paralelamente, no se modifica también el plan de estudios de la actual licenciatura en Pedagogía.

En primer lugar, para poder implementar esa propuesta sería necesario exigir a todo el profesorado no universitario una titulación de nivel de licenciatura, tal y como se exige desde hace mucho tiempo en bastantes países, en lugar de exigir a los profesores de primaria una titulación de diplomatura universitaria y a los de secundaria el nivel de licenciatura. Como saben los lectores y lectoras de esta revista, hemos dado ya tantas razones en pro de esta alternativa política, que no merece la pena repetir dichos argumentos.

En segundo lugar, sería necesario modificar el vigente plan de estudios de la actual licenciatura en Pedagogía y reconvertirla en una licenciatura de segundo nivel universitario únicamente, a la cual pudiera accederse desde cualquier diplomatura universitaria o licenciatura relacionada con las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias matemáticas o bio-físico-químicas y, por supuesto, desde cualquier diplomatura relacionada con las ciencias de la educación. Este planteamiento, desde nuestro punto de vista, posee mayor justificación social que el hecho de haber creado la nueva licenciatura en Psicopedagogía con un segundo ciclo únicamente, siendo que para desempeñar correctamente las funciones de psicopedagogo se requiere disponer de unos sólidos conocimientos en Psicología y en Pedagogía difíciles de adquirir en sólo dos años. Por otra parte, dicho planteamiento conseguiría dignificar la actual licenciatura en Pedagogía y dotarla de una demanda social de la que hoy carece, sobre todo después de haber creado esa nueva licenciatura en Psicopedagogía y algunas otras diplomaturas universitarias relacionadas con la educación, tales como la educación social, la logopedia, o la terapia ocupacional.

Si se admite que la legislación debe sancionar lo que son demandas y situaciones sociales ampliamente contrastadas, nos parece que ha llegado el momento de realizar los cambios legislativos que proponemos, pues se ha demostrado empíricamente que durante el último año escolar la matrícula en el primer año de la actual licenciatura en Pedagogía ha descendido considerablemente en aquellas Universidades en donde se han iniciado los estudios de Educación Social y de Psicopedagogía. Tan espectacular ha sido el descenso de esa matrícula que nos consta que en algunas Universidades están considerando la posibilidad de ofertar únicamente el segundo ciclo de la licenciatura en Pedagogía, aún con el riesgo de bordear la legislación vigente, consiguiendo de hecho la reforma del plan de estudios que estamos defendiendo a lo largo de este editorial.

Por otra parte, existe otro hecho que favorece extraordinariamente estos cambios que estamos proponiendo. Afortunadamente, la mayor parte de las vetustas Escuelas de Magisterio, acogiéndose a lo preceptuado en la disposición adicional 12 de la L.O.G.S.E., ya se han transformado en Facultades de Educación o de Ciencias de la Educación, lo cual las capacita para impartir títulos de licenciatura o de segundo ciclo universitario, además de los correspondientes a nivel de diplomatura. Es decir, bastaría con que el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas con competencias educativas, dieran un plazo máximo a las actuales Escuelas Universitarias de Magisterio que todavía no han solicitado dicha reconversión, para que la infraestructura estuviera totalmente disponible. Si al mismo tiempo se promulga la legislación que sea necesaria para modificar el plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía y unos años más tarde se exige la posesión de dicha licenciatura para poder ejercer la docencia en primaria y en secundaria, con un costo económico nulo se habrán resuelto varios problemas que tiene nuestro país para homologarse con el resto de países avanzados en materia educativa: se habrá conseguido dignificar la profesión docente; se habrá satisfecho la demanda social, constatada en todas las encuestas, de mayor y mejor calidad en la formación pedagógica del profesorado de secundaria e incluso de Universidad; asimismo, el disparatado e inoperante C.A.P. sería suprimido de una vez por todas, ya que al exigirse a todo el profesorado no universitario el título de licenciado en Pedagogía dejaría de tener sentido dicho certificado.

Por último, merece especial atención detenerse en comprobar las consecuencias que la implantación del título de Pedagogía, concebido tal y como ha sido propuesto en este editorial, tendría en relación con la formación educativo-didáctica de los profesores de secundaria. El plan de estudios se dirigiría a la preparación del profesorado de secundaria y hacia la dimensión práctica de la enseñanza tanto en secundaria como en la etapa de Educación Primaria. La matriculación del alumnado estaría asegurada, pues la formación pedagógica del profesordo de secundaria es un campo aún sin roturar. El título podría recoger las aportaciones conseguidas en experiencias piloto, dirigidas a la formación pedagógico-didáctica del profesorado de secundaria y realizadas en algunas Universidades bajo el patronato del MEC (Subdirección General de Formación del Profesorado), donde ciertas materias han sido impartidas por profesores de probada capacidad y experiencia que ejercían en secundaria. Se puede asegurar desde aquí que la carrera tendría una buena salida y, por tanto, gran motivación para quienes la cursen, dado que será necesario cubrir con profesorado bien preparado cultural y pedagógicamente, el tramo de la ESO y de la secundaria postobligatoria. La implantación de la titulación que proponemos podría acabar con la secular lucha entre profesores de contenidos y profesores procedimentales o psicopedagogos, pues desde ahora, la unión de ambos aspectos en un solo profesor acabaría con esa ilógica dualidad. La figura del pedagogo profesor sería enaltecida, al juntar en una sola persona dos licenciaturas. Estaría claro de una vez por todas que nunca ningún pedagogo cuerdo ha sostenido la posibilidad de enseñar a Juan Matemáticas sin conocer a fondo esa disciplina, así como también que ningún matemático sensato habría dicho lo contrario. Por otra parte, el peso que en dicha formación tendrían las denominadas "Didácticas Especiales" contribuiría extraordinariamente a potenciar las vocaciones hacia lo didáctico de bastantes licenciados y doctores en materias científicas que hoy ven truncada su carrera profesional, al haber sido considerada esta especialización como de segunda división.

En resumen, estamos convencidos de que hay reformas difíciles de poner en práctica, bien sea por su elevado costo, bien por no responder a demandas sociales. Sin embargo, la que acabamos de esbozar es totalmente posible y necesaria. Por ello, deseamos y esperamos que los responsables de la política educativa de nuestro país den los pasos pertinentes para que muy pronto sea una realidad.

EL CONSEJO DE REDACCION